El Comité Nacional para la Prevención de la tortura publicó un informe sobre visita de inspeccón a las cárceles de la provincia de Córdoba.
El monitoreo realizado por organismos no gubernamentales arroja datos escalofriantes. Fue durante el año 2023 y en distintas unidades de detención.
Uno de los datos más alarmantes fue sobre la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), establecimiento que aloja personas por tiempo reducido.
Al momento del monitoreo había un 67,04% de sobrepoblación. 892 personas, en un espacio cuya capacidad declarada es de 534 plazas.
El informe es desesperante: 30 personas en 24 metros cuadrados, 2 duchas para 80 personas, un colchón para 3, retazos de telas viejas como sábanas. Esa es la realidad de las cárceles.
Además, en el análisis de la infraestructura el relevamiento de los espacios de alojamiento se da cuenta de graves problemas de humedad, presencia de plagas, inundaciones y conexiones eléctricas expuestas que representan un peligro tanto para las personas privadas de libertad como para el personal penitenciario.
En conversaciones con personas privadas de su libertad, el informe declara que muchas de ellas tienen problemas para comunicarse con la Defensa, e incluso para comunicarse con sus familiares, que en muchos casos desconocen su paradero.
Vida en las cárceles, por fuera de la ley
La informes de los monitoreos muestran el total incumplimiento de la ley 24660 que establece que la ejecución de la pena privativa de libertad debe tener el fin de “que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad.”
Además, el Ministerio Público de la Defensa Argentino establece que toda Persona Privada de Libertad debe contar con condiciones de detención adecuadas que no vulneren la integridad de las personas.
En los últimos días se conoció un pedido de La Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) a Javier Milei: que elimine la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación al asumir el gobierno. En este contexto conocer las leyes que protegen la integridad de las PPL se vuelve prioritario.
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