A menos de un mes de asumir su cargo como presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Brouwer de Koning elogió el compromiso demostrado por diversos espacios políticos en la cuestión crucial de la Movilidad Jubilatoria.
Después varias jornadas, se emitieron 4 dictámenes por parte de la Comisión de Previsión Social de Diputados. Los mismos deberán ser considerados por la Comisión de Presupuesto y Hacienda antes de la votación en el recinto.
En las jornadas se evaluaron 15 propuestas parlamentarias y se escucharon las opiniones de 38 expertos en el sistema previsional.
Los dictámenes que esperan para ser debatidos en el recinto, fueron desarrollados por los diferentes bloques partidarios: Unión por la Patria, La Libertad Avanza (que ratifica el DNU), el Frente de Izquierda, y Hacemos Coalición Federal donde participa Gabriela Brouwer de Koning desde la UCR.
Brouwer de Koning enfatizó que, desde distintas perspectivas, se ha coincidido en la necesidad de reformar el sistema previsional argentino. La necesidad principal es asegurar la viabilidad del mismo y preservando el poder adquisitivo de los haberes, tal como lo garantiza la Constitución.
«La urgencia de una respuesta ante el desajuste en la movilidad jubilatoria, ocasionado por los altos índices inflacionarios, nos ha llevado a llevar adelante este debate de forma rigurosa y participativa».
Diputada Gabriela Brouwer de Koning
Para la diputada la fórmula de la anterior gestión de gobierno no era suficiente
Según Brouwer de Koning la anterior fórmula no ajustaba los haberes por inflación. En contraposición, su bloque propone adoptar el índice de Precios al Consumidor (IPC) como variable de ajuste, considerándola más acertada.
Además, plantean la necesidad de recomponer los haberes ante la escalada inflacionaria, proponiendo equiparar al 20,6% de inflación registrado en enero.
El bloque de la UCR hizo hincapié en la importancia de incluir una cláusula que garantice la actualización de los haberes frente a mejoras futuras en los indicadores salariales, así como establecer un piso mínimo realista por ley, evitando la necesidad de recurrir a bonos discrecionales.
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